Policía de operaciones especiales brasileña en una favela de Río de Janeiro

‘Licencia para matar’: el año récord de asesinatos policiales en Río

Un análisis del Times constató que los agentes disparan sin restricciones, protegidos por sus jefes y por los políticos, con la certeza de que los asesinatos no serán usados en su contra.

Manuela Andreoni y

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RÍO DE JANEIRO — Rodrigo dos Santos, de 16 años, aceleraba cuesta abajo en una motocicleta en Río de Janeiro con una mochila llena de mariguana, cocaína y piedritas de crack en la espalda, cuando dos policías apuntaron sus rifles hacia él.

El adolescente pasó rápidamente, con un amigo sentado detrás de él, agarrado a su cintura. Pero en segundos se volcaron bajo el bombardeo de 38 balas disparadas por la policía.

Rodrigo murió de camino al hospital, sangrando de una herida de bala en su brazo, y tres en su espalda. La policía nunca afirmó que estaba armado, y uno de los agentes involucrados, el sargento Sergio Britto, estaba de servicio, incluso a pesar de que lo estaban juzgando por asesinato, acusado de disparar a otro hombre en el cuello a quemarropa.

La muerte de Rodrigo se sumó a un número récord de asesinatos por parte de la policía en Río el año pasado —1814— un aumento de cientos en un estado con una larga historia de brutalidad policial y un liderazgo político que ha jurado “cavar tumbas” para detener el crimen.

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André Luiz, de 11 años, de azul, es hermano de Rodrigo dos Santos, el adolescente que fue baleado cuando no detuvo su motocicleta frente a la policía. 
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El cuerpo de un hombre no identificado, custodiado por oficiales de policía. Oficialmente, los agentes pueden usar la fuerza letal para enfrentar una amenaza inminente.

Oficialmente, la policía en Brasil puede usar la fuerza letal solo para enfrentar una amenaza inminente. Pero un análisis de más de cuatro decenas de asesinatos policiales en el violento distrito de Río donde mataron a Rodrigo, muestra que los policías tienen la rutina de matar sin restricciones, protegidos por sus jefes y la certeza de que incluso si son investigados por asesinatos ilegales, esto no impedirá que vuelvan a sus rondas.

En al menos la mitad de los 48 asesinatos policiales analizados por The New York Times, los fallecidos fueron baleados por la espalda al menos una vez, según los informes de autopsia, lo que de inmediato genera dudas sobre la inminencia de la amenaza como para justificar esos asesinatos.

En 20 de los casos, al individuo la policía le disparó al menos tres veces.

Y de todos los asesinatos policiales revisados por The Times, solo dos agentes informaron haber sufrido heridas. Uno fue un accidente autoinfligido: sucedió cuando un policía se disparó a sí mismo al fallar su rifle. El segundo fue un oficial que se tropezó y cayó.

Una cuarta parte de los asesinatos policiales examinados por The Times involucraron a un policía que previamente había sido acusado de asesinato. La mitad de los asesinatos fueron cometidos por policías previamente acusados de, por lo menos, un delito. Un agente había sido suspendido para una evaluación psicológica después de que sus supervisores se alarmaron por la asombrosa cantidad de municiones que disparó en un año en servicio: más de 600 cartuchos.

Algunos funcionarios también reconocen que los agentes de policía matan a presuntos delincuentes en emboscadas premeditadas.

Los tiroteos policiales han continuado este año, incluso cuando el estado ha ordenado cerrar los comercios e instado a la gente a quedarse en casa por el coronavirus. El viernes la policía mató a 13 personas durante un operativo en una zona pobre de Río. Ningún oficial murió.

Pero los tiroteos —incluyendo los que resultaron en las muertes que batieron récords el año pasado, muchas de las cuales ocurrieron en barrios pobres controlados por bandas de narcotraficantes—, generaron relativamente poca indignación entre los brasileños, que normalmente viven asustados por la violencia.

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Un hueco en una casa abandonada sirve como punto de vigilancia para que las bandas de narcotraficantes resguarden su territorio.
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Traficantes de droga acomodan sus mercancías. 

Por el contrario, el aumento en los asesinatos a manos de la policía, que coincidió con una caída general del crimen en Río, es consistente con las promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro y del gobernador Wilson Witzel, un ex juez federal que asumió el cargo en enero de 2019. Ambos han prometido una guerra total contra los criminales que recuerda a los brutales asesinatos policiales supervisados por el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas.

Witzel ha ordenado a francotiradores disparar a sospechosos desde helicópteros, mientras que Bolsonaro ha presionado para proteger a los oficiales que matan en cumplimiento de su deber debido a “miedo justificable, sorpresa o emoción violenta”.

Al abogar por el cambio, el presidente ha dicho que los criminales deben “morir en la calle como cucarachas”, algo que ha alarmado a los investigadores.

“En un país donde reina la impunidad, el gobierno está de hecho otorgando a la policía una licencia para matar”, dijo Ilona Szabó, directora ejecutiva del Instituto Igarapé, que estudia la seguridad pública.

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El funeral de Kelvin Gomes, un adolescente baleado mientras hacía fila para cortarse el pelo afuera de una barbería en una favela. 
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Muchos agentes de policía apoyaron a Bolsonaro durante su campaña presidencial. Junto con el gobernador de Río, Wilson Witzel, Bolsonaro prometió una guerra al crimen.

El ascenso de Bolsonaro entusiasmó a muchos agentes de policía en Río, donde desde hace décadas las autoridades no han logrado frenar a las pandillas que controlan un vasto mosaico de comunidades de bajos ingresos y venden a plena luz del día drogas y mercaderías de camiones de carga secuestrados.

Entre la multitud de simpatizantes que celebró el triunfo de políticos duros contra el crimen afuera dela residencia junto al mar de Bolsonaro, la noche de la elección en octubre de 2018, se encontraba el sargento Britto —el agente involucrado en la muerte de Rodrigo— y muchos otros.

“Una nueva era ha llegado, la era de la opresión”, escribió el sargento Britto en Facebook aquella noche, usando el emoji de una mano haciendo una pistola que se convirtió en un elemento clave de la campaña del ahora presidente.

El sargento Britto, de 38 años, se convirtió en oficial de la policía militar en 2002, al unirse a la fuerza cuya principal responsanbilidad es la vigilancia de primera línea en Brasil. Desde 2010 ha participado en por lo menos 20 asesinatos durante su servicio, un número inusualmente alto para los agentes, según informes policiales.

Uno de esos casos, en septiembre de 2016, llevó a los fiscales a intentar sacar al sargento Britto de las calles. Según los documentos de la acusación, el agente le disparó a un presunto narcotraficante de 20 años a corta distancia detrás de la oreja derecha.

En atención a los fiscales, en julio de 2017 un juez ordenó al departamento de policía sacar al sargento Britto del campo y quitarle su arma. Pero los abogados del oficial afirmaron que era un policía dedicado que había actuado en defensa propia, lo que llevó a un segundo juez a restituirlo.

A principios de 2018, el sargento Britto estaba otra vez en las calles del 41° Batallón, que incluye Chapadão, el barrio donde Rodrigo fue asesinado en marzo de 2019. Los narcotraficantes y residentes de ahí conocen al sargento Britto por el apodo de “Papi”, y hablan de él con temor.

Años después de ser acusado de asesinato, el sargento Britto aún tiene que ir a juicio. Britto no respondió a múltiples solicitudes de entrevista.

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Traficantes de drogas, parte de un grupo criminal organizado, se reunieron después de una operación policial en una favela. 
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Los departamentos de policía en áreas difíciles a menudo carecen de personal, y los comandantes se apoyan en agentes que prosperan en entornos peligrosos, incluso aquellos acusados de asesinato.

El teniente coronel Vinícius Carvalho, quien dirigió el 41° Batallón hasta hace poco, dijo que los supervisores en áreas difíciles a menudo se apoyan en policías curtidos que prosperan en ambientes peligrosos —aún aquellos acusados de asesinato o sospechosos de otros crímenes—porque la fuerza no cuenta con suficiente personal.

“Es mejor que lo tenga ahí —un hombre experimentado y de sangre fría que ha atravesado una serie de situaciones— que si yo quizás pusiera a alguien que carece de experiencia”, dijo el teniente coronel Carvalho en su oficina, adornada con numerosos cráneos, incluyendo uno de más de un metro de altura al lado de su escritorio.

La policía militar de Río de Janeiro tiene 15.000 agentes menos de los 60.000 autorizados, y la brecha es particularmente aguda en distritos violentos. A principios de enero, el 41° Batallón tenía 612 oficiales, menos de la mitad del número que el departamento de policía considera necesario. De ellos, más del 20 por ciento estaban de permiso o habían sido retirados de las calles por discapacidad física o psiquiátrica.

El teniente coronel Carvalho dijo que lo ideal sería que los policías que han estado involucrados en un asesinato salgan del servicio unos días para tranquilizarse. Pero hacer eso en distritos donde los enfrentamientos armados son una realidad casi diaria, dijo, sería “utópico”.

Más allá de eso, dijo, los agentes que son suspendidos a menudo solicitan volver al servicio porque hay algo adictivo en la adrenalina del combate.

“Tu sudor huele diferente después del combate, de todas las cosas que exudas”, dijo, inhalando mientras estiraba el cuello de la camisa a su nariz.

El 41° Batallón de policía, conocido como el “batallón de la muerte”, ha sido uno de los más violentos en Río de Janeiro desde su creación en 2010 para reforzar la seguridad en un área con aproximadamente medio millón de personas.

Mucho del territorio del batallón —que incluye 50 favelas— es controlada por dos bandas de narcotraficantes, el Comando Rojo y el Tercer Comando Puro, que a menudo se enfrentan en batallas territoriales.

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David, gerente en una pandilla de narcotraficantes, visita su casa y a su hijo en una favela de Río. No puede quedarse por mucho tiempo, dice, porque tiene miedo de que la policía lo extorsione o ejecute.
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Cadetes a punto de graduarse de la Academia de Policía Militar, en Río de Janeiro. 

Los traficantes de drogas ejercen su dominio a través de pagos a la policía y barreras físicas hechas de placas de acero rodeadas de llantas. Incendian los bloqueos cuando una incursión policial parece inminente, retrasando así los vehículos fuertemente blindados que los agentes usan para las redadas.

En 2015, el uso letal de la fuerza del batallón llevó a los fiscales a incluirlo entre los objetivos de una fuerza especial creada para investigar los asesinatos policiales. Para 2018, la tasa de asesinatos cometidos por agentes de policía había disminuido en casi un 30 por ciento en el 41° batallón.

Pero en 2019, cuando las nuevas prioridades políticas del país quedaron claras, los números volvieron a subir, aumentando en más del 20 por ciento en todo el estado. En el 41° batallón, crecieron cerca de un 22 por ciento.

El capitán Willians Andrade, supervisor de escuadrón en el distrito, al pasar por una favela conocida como “Bin Laden” por la intensidad de las peleas que ocurren ahí, notó que los adolescentes se unen a las pandillas desde los 14 años, porque tienen poca fe en el sistema educativo y empiezan a ver el narcotráfico como un medio para obtener protección y riqueza.

“Ningún policía sale de casa de mañana queriendo matar a alguien”, dijo. “Pero no puedes esperar que los criminales te respeten”.

Paulo Roberto Cunha, fiscal especializado en violencia policial, dijo que el aumento en los asesinatos a manos de agentes en el 41°Batallón es alarmante, y observó que ningún oficial murió ni fue herido en los enfrentamientos analizados por el Times.

“Por lo menos, eso significa que la fuerza policial está priorizando una forma de acción que aumenta el riesgo de enfrentamientos y, con eso, el número de muertes”, dijo.

En un comunicado, la policía dijo que los agentes del batallón asumieron riesgos considerables para confiscar más de 1800 armas en los últimos cinco años de “bandidos sedientos de sangre”. El comunicado agregó que todos los tiroteos con víctimas fatales son investigados minuciosamente.

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Los residentes de las favelas en Río viven bajo la amenaza de tiroteos que dejan sus hogares llenos de agujeros de bala. 
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Los residentes de una favela se enfrentaron a la policía después de que una niña de ocho años fue asesinada por una bala perdida. 

Cuando Rodrigo fue baleado la mañana del 23 de marzo de 2019, su hermana, Yasmin dos Santos, de 18 años, que se había convertido en su principal cuidadora, llegó a la escena minutos después. Su hermano se moría desangrado dentro de un vehículo policial fuertemente blindado.

“¿Y ahora?”, ella recuerda que un policía le gritó en el momento en que se acercó. “¿Vas a decir que no era un criminal, que no sabías?”.

Rodrigo nació en Chapadão. Su madre, Maria José da Silva, los dejó cuando eran muy chicos con su padre, que a menudo le pegaba.

“Yo no tenía casa y él sí”, recordó Silva, derrotada.

Rodrigo tuvo problemas en la escuela desde el primer grado, un preludio común para los adolescentes que acaban uniéndose a las pandillas. Después de años de reprobar cursos y de largas ausencias, abandonó los estudios a los 15 años, tras repetir sexto grado tres años seguidos.

Los parientes de más de una docena de jóvenes que murieron a manos de la policía en 2019 dijeron que sus hijos y hermanos también decidieron volverse traficantes de drogas apenas abandonaron la escuela.

“La fuerza laboral brasileña se vuelve más pobre, y el sistema de seguridad está sobrecargado con otro candidato al crimen”, dice Cláudia Costin, ex secretaria de educación de Río, sobre el problemático sistema escolar.

Cuando Rodrigo se unió al Comando Rojo, su hermana hizo una súplica desesperada para que volviera a la escuela.

“Eres muy joven”, recuerda haberle dicho.

Pero Rodrigo era orgulloso: “Pensó que se convertiría en una carga”, agregó.

Horas después de la muerte de Rodrigo, los agentes Britto y Ataliba dijeron a los investigadores que el muchacho de 16 años había sido alcanzado durante un tiroteo entre policías y traficantes de drogas. Pero tres testigos contaron que en el lugar no había miembros de pandillas armados cuando los policías abrieron fuego.

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Escolares uniformados se paralizan al escuchar disparos. Las escuelas públicas en algunas favelas a menudo cancelan las clases por el riesgo que los tiroteos representan para los estudiantes. 
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Un agente de policía, completamente armado, en labores de patrullaje

Es obligatorio que los agentes de Río de Janeiro llamen a especialistas forenses para inspeccionar la escena de un tiroteo fatal. Pero esa regla es ampliamente ignorada.

Andréa Amin, una fiscal que dirige un grupo de trabajo que investiga los asesinatos policiales, dijo que los expertos forenses operan con un presupuesto tan reducido que, a menudo, carecen de luminol, un químico usado para identificar rastros de sangre.

Sustentar jurídicamente una acusación contra policías, agregó, es extraordinariamente difícil porque los parientes de las víctimas temen que la denuncia de abusos policiales los vuelva vulnerables a las represalias.

“Si no tenemos cuidado, podemos poner a alguien en peligro”, dijo Amin. “Pueden morir”.

Dos Santos dice que se sentía incapaz de buscar que se investigue la muerte de su hermano. “Estaba asustada”, dijo.

En ocho de los asesinatos policiales analizados por el Times, familiares de los fallecidos dicen que sus seres queridos fueron abatidos en emboscadas armadas por la policía para matar traficantes.

El teniente coronel Carvalho reconoce que los agentes usan esa táctica. Él la desaprueba, dijo, pero “esa es la cruda verdad de lo que sucede”.

Dada la impunidad de los asesinatos policiales, es frecuente que el homicidio sea usado como una herramienta de extorsión por policías corruptos, dicen los fiscales.

Tres traficantes de drogas en el 41 dijeron que fueron torturados y extorsionados por agentes de policía. Uno de ellos mostró marcas de alambres que, dijo, fueron envueltos alrededor de sus dedos para electrocutarlo. Un residente, en otra ocasión, mostró hematomas por una paliza que recibió mientras presenciaba la tortura de unos traficantes.

Los traficantes y el vecino, quienes hablaron en condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que los policías exigieron grandes cantidades de dinero, amenazando con arrestarlos o matarlos si no pagaban.

El ciclo de violencia significa que muchos niños criados en las favelas albergan un odio profundo por la policía, un sentimiento claramente reflejado en los grafitis que llaman a matar policías.

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Rifles pertenecientes a pandilleros. El graffiti en la pared, ‘Balas para el 41’ se refiere al 41 Batallón de Policía que vigila el área.Credit...Dado Galdieri for The New York Times
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Alexsanderson Marinho, de 8 años, espera que su madre salga de una fiesta y lo lleve a la escuela, en  Chapadão.

Gisele de Souza, vecina de la zona, dijo que su hijo Wendell, de 26 años, dejó su trabajo en McDonald’s después de que unos agentes de policía casi lo mataron al confundirlo con un ladrón.

“Perdóname, mamá, tú me criaste bien”, recuerda que él le dijo cuando decidió unirse a una pandilla hace seis años. “Dijo que quería vengarse de la policía”.

La policía lo mató a tiros en junio pasado.

El creciente número de muertos ha hecho poco para disuadir a los jóvenes de unirse a las pandillas. Un traficante de drogas de alto rango en el área dice que la lista de espera para unirse al negocio es interminable y solo disminuiría si los niños en áreas desfavorecidas vieran caminos alternativos para el éxito.

“Cuando eres joven, el crimen te engaña al ofrecerte una sensación de poder y dinero que no puedes ganar trabajando”, dice el traficante.

“Cuando te das cuenta” de la verdad, añadió, “es muy tarde”.


Ernesto Londoño is the Brazil bureau chief, based in Rio de Janeiro. He was previously an editorial writer and, before joining The Times in 2014, reported for The Washington Post. More about Ernesto Londoño

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