El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que la Policía accederá a las ubicaciones de los clubes cannábicos y las empresas que producen cannabis medicinal para “controlar la correcta aplicación de la ley”, según dijo a Informe capital.

“No se trata de interferir con nadie, ni estigmatizar a nadie, se nos va a dar solamente información de los lugares, no de las personas o empresas que explotan”, señaló el ministro, que agregó que el registro al que accederán les permitirá conocer las cantidades que cada club cannábico tiene habilitado plantar y controlar su cumplimiento.

Desde el Ministerio del Interior (MI) informaron a la diaria que la autorización fue dada por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic).

La presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos, María José Miles, dijo a la diaria que la dirección es uno de los datos sensibles que está amparado en el artículo 8 de la Ley 19.172 de Regulación y Control del Cannabis, aprobada en 2013. Miles indicó que esos datos son gestionados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Nos parece una irresponsabilidad y una falta de confianza que el MI pase por encima de algo que está en la ley”, agregó.

Por otra parte, Miles destacó el sistema de fiscalización que tiene el Ircca sobre los clubes, que incluye controles sorpresivos y que comienza desde el inicio del proceso de habilitación de un club. Cada club debe informar sobre seis horas semanales en las que hay personas en el club y el Ircca puede inspeccionar en esos horarios sin aviso previo.

“Ellos entran, te cuentan el número de plantas, vienen con su balanza, te pesan la cantidad de marihuana que tenés en acopio, se fijan que esos números coincidan con los que declaramos al portal web cada vez que sembramos y cada vez que cosechamos, es un control bastante estricto. Acá en Montevideo cada dos meses te cae un fiscalizador”, comentó.

Esta semana representantes de la Federación se reunieron con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y analizaron las posibilidades de potenciar el trabajo de los fiscalizadores del Ircca, mejorar los criterios de fiscalización y armar un protocolo.

Miles señaló que existe desconocimiento por parte del MI sobre la ley y sobre cómo funciona el Ircca, y que desde el Ministerio “repetían que si ellos no saben dónde están los cultivos no pueden saber si se está haciendo todo bien o no y que si estamos dentro de la legalidad no deberíamos tener inconveniente”.

La presidenta de la Federación calificó como “peligroso” que desde el MI se presuma culpabilidad, en vez de inocencia. “Están diciendo ‘como yo no puedo ver, asumo que hay ilegalidad’, cuando somos gente que está haciendo todo en la ley y recibe las fiscalizaciones como parte de su trabajo”.

Además, cuestionó al Ministerio por no reconocer el rol de los clubes cannábicos en la reducción del narcotráfico, al presentar alternativas de oferta legal.

“Nosotros también tenemos como objetivo disminuir el tráfico ilegal de cannabis en Uruguay, por eso nos duele cuando nos estigmatizan como prácticas criminales”, expresó y agregó que un club cannábico “no es una pantalla fácil para el narcotráfico”. El expresidente del Ircca (2017-2020) Diego Olivera dijo a la diaria que no comprende el propósito del MI en su intención de establecer un control policial sobre los cultivos legales y subrayó que la ley de Regulación y Control del Cannabis justamente los saca de la órbita de la justicia penal.

“No parece para nada razonable, y parece contrario a lo que dispone la ley, que la Policía mantenga un control rutinario sobre estas empresas y estos clubes”, agregó.

Además, señaló: “Si el Ircca entiende que hay una situación sospechosa, que puede haber indicios de que se esté cometiendo un delito en alguno de los cultivos que estén bajo su administración, puede notificar a la Policía, realizar una denuncia penal o elevar antecedentes a la Fiscalía”, señaló.

Olivera opinó que Larrañaga “parece haberse quedado en un marco en el que la marihuana per se implicaba un delito”. “Ahora hay producción de marihuana completamente legal y no habría, allí, algo que la Policía tuviera que hacer”, sostuvo. “Parece asumirse que cualquier cultivo de marihuana es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario”, lamentó, y dijo que “no parece razonable” que la Policía tenga la base de datos completa y salga a controlar.

Por otra parte, señaló que es “esperable” que el Ircca vaya fortaleciendo su estructura de control, en la medida en que pasó de 20 clubes y algunas empresas que cultivaban cannabis en 2017 a 80 cultivadores legales de cáñamo y cannabis medicinal y unos 150 clubes.

En cuanto al carácter sensible de los datos y su protección, Olivera señaló que cualquier dato que identifique a las personas registradas, “nombre, cédula, teléfono o dirección”, es información sensible que el Ircca “sólo puede otorgarle a otra institución bajo orden del juez”. Para Olivera, si la dirección de la sede de los clubes está dentro de esa información sensible, es algo a analizar.

Esta semana el abogado Martín Fernández señaló que “los datos de las personas que están registradas en el instituto están protegidas por la ley de habeas data de registros de la información” y el MI “no puede acceder a estos datos, que están debidamente custodiados”, salvo que “un juez, en el marco de una investigación, puede dar orden de aportar información”.

La idea de que el MI comience a fiscalizar a los clubes cannábicos fue planteada por el ministro en octubre de 2020, considerando que “como consecuencia de la actividad legal puede haber un exceso de producción que podría volcarse al mercado negro”.