La crisis que golpea a las principales regiones productoras de hoja y pasta de coca en Colombia completa ya siete meses. En este tiempo, cerca de 200.000 familias -según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC- que tienen como principal sustento esta economía ilegal, han resistido a la caída de los precios y la falta de compradores. El hambre, que no da espera, se asoma como el principal efecto de una larga lista que incluye la parálisis comercial por la falta de ingresos, un desplazamiento silencioso de antiguos cultivadores y el rebusque desesperado en actividades lícitas e ilícitas.