Mientras en Latinoamérica y el mundo se debate cada vez de forma mas abierta una reforma profunda y sustancial en el sistema de control de drogas, en México éste debate se había circunscrito a círculos académicos y ciertos sectores de la una sociedad civil organizada.

La ausencia de las autoridades y de la clase política en este debate tiene numerosas razones, al menos en este país: la dificultad para contradecir los dictados de los Estados Unidos; el conservadurismo de una sociedad poco habituada a discutir de manera abierta temas como éste; la percepción de que nada puede cambiar sin el aval internacional; o la simple indiferencia ante una cuestión que sólo adquiere importancia o réditos políticos cuando se le vincula a temas de seguridad pública, crimen organizado y violencia.

En el último año, sin embargo, México ha dado un vuelco en términos del debate. Por primera vez, las “consecuencias no intencionales” del sistema de control de drogas capturan la atención de actores sociales y políticos hasta hace poco ajenos al debate público de la política de drogas, y entre los más prominentes de estos nuevos actores se encuentra la comunidad de negocios del país, destacadamente, la de Monterrey, ciudad industriosa, rica y hasta hace un par de años, relativamente aislada de la violencia del crimen organizado.

La aparición de estos nuevos actores no es casual: la política antidrogas en México parecía afectar de manera limitada a los usuarios de drogas ilegales del país, o bien a comunidades o estratos sociales marginales y ligados con formas de sobrevivencia limítrofes con la ilegalidad y los mercados prohibidos. Es decir, a los ojos de la opinión pública, el tema de las drogas era propio casi exclusivamente, de “drogadictos y delincuentes”.

El panorama, sin embargo, ha cambiado dramáticamente. La estrategia de seguridad del Presidente Calderón, a cinco años de instrumentada, no ha dado ninguno de los resultados esperados: el consumo de drogas sigue en aumento con tendencias marcadas hacia el aumento en sustancias como la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico; la corrupción asociada al tráfico ilegal permanece intacta y los grandes intereses asociados al tráfico ilegal de sustancias han encontrado, en este panorama, un terreno fértil para extenderse a otros negocios ilegales: trata de personas, contrabando de armas, extorsión, secuestro, piratería.

Con ello, los intereses económicos legales de la comunidad de negocios en México han comenzado a verse afectados, y la escalada de inseguridad se ha ido extendiendo hacia sectores de la sociedad que hasta hace poco tiempo se creían ajenos, o inmunes, ante las actividades del crimen organizado.

En tal medida, la comunidad de negocios ha venido convirtiéndose en un grupo de presión para el gobierno federal cualitativamente distinto a la oposición política o a la sociedad civil tradicional.

En este contexto, vale la pena resaltar las conclusiones a las que se llegó en el foro “Drogas, un balance a un siglo de su prohibición” organizado por México Unido contra la Delincuencia en febrero pasado, ong que reúne a muchos empresarios y representantes de clases medias en México, y que también fue apoyado por diversos círculos de hombres de negocios de Monterrey.

Por primera vez, de manera abierta, muy importantes hombres de negocios en México, han coincidido en que:

1. Las medidas militares y penales implementadas para el control de drogas han incrementado la violencia, destruido el tejido social, dañado la salud pública y creado costos inaceptables para la sociedad mexicana, al tiempo que han fallado en reducir el consumo de drogas.

2. Si bien el uso de drogas puede ser dañino y debe ser desalentado, se requiere de enfoques más efectivos que su mera prohibición.

3. Perseguir y reducir de forma efectiva delitos violentos, debe priorizarse que la criminalización por la posesión de drogas.

4. Prohibir los mercados de drogas ante la demanda creciente de ellas concede, por default, el control de tales mercados a la delincuencia. El Estado tiene la obligación de regular esos mercados lo más posible.

5. Cada país es soberano para decidir cuál es la mejor manera de proteger a sus ciudadanos. Experiencias en otros países han demostrado la efectividad de dar prioridad a políticas de salud y respeto a los derechos humanos, en detrimento de enfoques basados en el castigo.

6. La inmensa economía ilegal de las drogas sólo puede ser contrarrestada por regulaciones estatales que priven a las organizaciones criminales de sus principles fuentes de ingreso.

7. Los participantes del foro apoyan la regulación y fiscalización del mercado de cannabis como el primer paso para una más completa regulación de otras sustancias,

8. Es momento de considerar alternativas a la prohibición de las drogas, para considerar a éstas, desde la política pública, como un asunto de salud y desarrollo social cuyos indicadores de éxito se midan en la reducción de muertes, enfermedades, delitos y corrupción.

¿Será esto un indicio de que México puede dejar de ser un obediente soldado de prohibicionsmo, para convertirse en líder del cambio a nivel nacional e internacional? Nada es seguro, pero los nervios de aquellos que se oponen a cualquier cambio, tanto dentro como fuera del país, comienzan cada día a ser más evidentes.

Jorge Hernández Tinajero es el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).