En forma unánime, 57 en 57, los diputados terminaron de darle aprobación y transformando en ley el proyecto que aumenta las penas para el tráfico de pasta base de cocaína y los delitos en la administración pública. Ya pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Llegado el caso, la ley le concede la potestad al juez actuante a aplicar penas alternativas al imputado, cuando este no tenga antecedentes, se verifique que vendía poca droga o no le haya vendido a menores de edad.