El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de Ley, con artículo único, donde establece que el Estado asumirá el control y la regulación de la importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de marihuana. Su objeto es “arrebatar al narcotráfico un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares anuales”, argumentó Presidencia.

El IDPC insta a la comunidad internacional a no presentar ninguna objeción que pudiera impedir que Bolivia se vuelva a adherir a la Convención el año que viene.

Un proyecto conjunto de TNI y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

"Promoción de una política de drogas más humana y efectiva en América latina"