La internación compulsiva de adictos, planteada como una de las 15 propuestas de seguridad del gobierno y plasmada en un proyecto de ley que ya está en el Parlamento, tiene “serios problemas de constitucionalidad”. Así lo entiende el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, en entrevista a El Observador.