UNGASS 2016: la batalla por un giro en la política de drogas

Un espaldarazo para implementar una política de drogas compatible con la búsqueda de la paz, sería una señal solidaria de las Naciones Unidas para Colombia.

Sergio Chaparro Hernández*
18 de abril de 2016 - 01:42 p. m.

Este martes comienza UNGASS 2016, la cita de los Estados del mundo para discutir el futuro de la política de drogas. A petición de Colombia, México y Guatemala, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunirá de forma extraordinaria durante tres días para evaluar los progresos alcanzados frente a las metas fijadas en un Plan de acción adoptado en 2009 y pronunciarse sobre el rumbo a seguir. (Lea: Guía práctica para entender la Asamblea General de la ONU sobre drogas)

En dicho Plan los Estados se comprometieron a lograr un mundo libre de drogas, algo que no ha sido posible en ningún momento de la historia de la humanidad ni lo será jamás. Superar este anacronismo y buscar un nuevo rol para la comunidad internacional, como el de evaluar la implementación de otros enfoques (como la regulación de los mercados en Uruguay y en algunos de los estados de Estados Unidos) o reforzar la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas, es la oportunidad que los Estados tendrán en esta reunión. Pero todo el proceso puede ser echado por la borda por la enorme resistencia al cambio de un bloque de países y los intereses de una enorme industria de la prohibición, pese a las múltiples voces que se han sumado en reclamarlo.

Hay evidencia contundente de que la prohibición de las drogas y la prevalencia de enfoques de mano dura no han sido eficaces para lograr sus objetivos y que, por el contrario, como lo ha reconocido la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han generado consecuencias como la extensión de un mercado ilegal controlado por organizaciones ilegales por medio de la corrupción y la violencia, el encarcelamiento masivo de los eslabones más débiles del negocio o el desafortunado desplazamiento del problema de un enfoque de salud, a uno de criminalidad y seguridad. Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, ha dado en el punto al señalar que si bien las drogas pueden haber causado muchos daños, las malas políticas han ocasionado muchos más.

La prohibición no ha reducido la prevalencia del abuso de drogas y estas se consiguen más fácil que nunca y se han multiplicado rápidamente. Pero la prohibición ha generado daños mayores sobre la salud como la transmisión de VIH, hepatitis y otras enfermedades entre usuarios de drogas inyectables, la restricción en el acceso a medicamentos esenciales para pacientes que los necesitan, así como la discriminación contra usuarios de drogas, campesinos cultivadores y graves violaciones a sus derechos. Agencias de las Naciones Unidas como Onumujeres, Unicef, la OMS, el PNUD, entre otras, se han unido al debate aportando evidencia de los efectos negativos que las actuales políticas han generado sobre las mujeres, los niños y niñas, la salud o sobre el desarrollo humano.

Este camino insostenible de esperar resultados distintos aplicando las mismas estrategias ineficaces ha generado una ruptura del consenso existente para enfrentar el problema, lo cual se ha reflejado en las negociaciones del documento a adoptar en la UNGASS 2016, que han distado mucho de ser el debate franco y abierto que inicialmente se dispuso. Por un lado se encuentra un bloque prohibicionista duro liderado por Rusia y China, que se resisten a abolir la pena de muerte para estos delitos, a aceptar la descriminalización del uso de drogas y otros aspectos mínimos para humanizar las políticas. Luego están otros países como Japón, Suecia, España, y en América Latina Paraguay, Perú y Cuba que condenan el consumo de drogas y las medidas punitivas para reducirlo. Otros países de la Unión Europea defienden respuestas de salud frente al consumo y la necesidad de aplicar programas de reducción de daños, pero son más indiferentes frente a las agendas de países productores y de tránsito que han puesto los muertos y han padecido el deterioro de sus instituciones, entre otros costos de la guerra contra las drogas. Finalmente, están países reformistas como Colombia, México, Guatemala, Uruguay, Países Bajos, República Checa, Suiza, Noruega y algunos del Caribe, quienes además han planteado la necesidad de reducir los daños generados por las políticas de control de la oferta y mejorar la coherencia interna del sistema.

Como sucedió en 1990 y 1998 en anteriores reuniones de esta naturaleza, las inercias burocráticas, las restricciones en la participación y la capacidad de los países defensores del status quo por cooptar las instancias de toma de decisión para neutralizar los impulsos de cambio, amenaza con limitar también los resultados de la UNGASS 2016. Pero esta vez, los Estados que han defendido posiciones reformistas, entre los que Colombia ha tenido un lugar destacado, no están solos.

Más de 1000 líderes del mundo de la ciencia, las artes, la política y la sociedad civil han enviado una carta abierta a Ban Ki-Moon, Secretario de las Naciones Unidas, en la que afirman que se necesita una nueva respuesta global para las drogas, basada en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos y le solicitan ejercer su liderazgo para que las semillas de una reforma no sean descartadas y que el escenario se encuentre listo para propiciar ese cambio. Cinco premios Nobel y un grupo de expertos de distintas disciplinas han respaldado informes en los que se ha demostrado, con base en la evidencia, la necesidad de un cambio de paradigma. Y redes de organizaciones de todo el mundo de mujeres, jóvenes, médicos, usuarios de drogas, madres de víctimas, y otras organizaciones de la sociedad civil que ha venido trabajando incansablemente por el cambio, reclaman respuestas más inteligentes, más allá de los prejuicios. En Colombia, una coalición de organizaciones ha respaldado al Gobierno en su discurso internacional, al tiempo que reclama que las reformas se profundicen de puertas para adentro.

Sería desafortunado que la máxima instancia de toma de decisiones multilaterales, de la que se exigen soluciones innovadoras para problemas de la mayor complejidad como el de las respuestas frente a las drogas, desatendiera los clamores de esta gran fuerza reformista. Esto mostraría que se trataría de un sistema incapaz de reconocer las nuevas realidades, que tarde o temprano tendría que ceder a un cambio que ocurrirá con o pese a él, pero cuyo acompañamiento podría significar un gran apoyo en la búsqueda de mejores respuestas.

Colombia ha pagado un alto costo por guerra contra las drogas, la última guerra global heredada del siglo XX. Un espaldarazo de la comunidad internacional para implementar un giro en nuestra política de drogas compatible con la búsqueda de la paz, sería una señal solidaria de las Naciones Unidas, a la altura del reto que hoy tienen en sus manos.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (www.dejusticia.org)

Por Sergio Chaparro Hernández*

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