Bazuco Cero, el nuevo plan de Petro

La administración distrital quiere pisar el acelerador de su intervención en el Bronx, mientras las mafias permanecen en la ‘olla’ más grande del país.

Camilo Segura Álvarez
02 de febrero de 2014 - 11:04 a. m.
El consumo de bazuco, según la administración distrital, está asociado a delitos menores como el hurto a personas.  / Luis Ángel - El Espectador
El consumo de bazuco, según la administración distrital, está asociado a delitos menores como el hurto a personas. / Luis Ángel - El Espectador

Desde que comenzó su gobierno, Gustavo Petro asumió un desafío: garantizarles derechos a los habitantes de calle consumidores de bazuco. Para ello, el alcalde dio la orden de intervenir la zona donde confluyen gran parte de esta población: el Bronx, dos cuadras ubicadas en el corazón de la localidad de Mártires que se convirtieron en un centro de expendio y consumo de estupefacientes. Hoy, a la mitad de su mandato, si bien hay avances, las promesas para estos cerca de 10.000 ciudadanos avanzan a paso lento. De ello es consciente la administración y por eso en los próximos días anunciará el plan Bazuco Cero para acelerar una innovación social que promete enfrentarse con las políticas nacionales de drogas. Una osada movida en momentos de incertidumbre por la continuidad del alcalde, quien pelea por frenar la destitución que le impuso la Procuraduría.

La primera apuesta de Petro fueron los Camad, Centro de Atención Médica a Drogodependientes. En septiembre de 2012, vehículos adecuados como consultorios médicos se instalaron en el Amparo, localidad de Kennedy, y en el Bronx. Un año después, llegaron a Rafael Uribe y a la Cárcel Distrital. En 2013 los Camad atendieron a un total de 11.844 personas, con servicios de medicina, odontología, psicología y trabajo social. Según fuentes de la Secretaría de Salud, por lo menos 6.000 de esas consultas se realizaron en el Bronx, pues allí es donde hay más gente en condición de vulnerabilidad.

Pero la administración sabía que ofrecer el derecho a la salud no era suficiente. El 19 de febrero de 2013, Petro tomó la decisión de hacer una “intervención integral” de largo plazo en el Bronx. El comienzo fue un “operativo humanitario” para limpiar el espacio público, pero terminó en una batalla campal entre habitantes de calle y más de 400 policías, con un saldo de dos civiles muertos. Las calles por las que deambulan más de 3.000 personas diariamente estuvieron limpias por unos días, sin embargo, hoy siguen como estaban antes de la intervención.

Luego de ese operativo, el Distrito prometió que iba a recuperar cinco inmuebles ubicados en las dos calles que componen el Bronx y que están en poder de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y agregó que allí se construiría una “Ciudadela del Cuidado”. Los planes consistían en que se establecería un complejo con albergues, comedores comunitarios, centros de escucha y atención de las adicciones, jardines infantiles y guarderías. No obstante, la DNE no ha entregado los edificios que, por su estado actual, tardarían por lo menos tres años en ser adecuados. Además, según funcionarios de la Secretaría de Integración Social, las distintas secretarías no quieren asumir la papa caliente de los inmuebles por temor a las mafias.

Lo único que está funcionando, en predios alquilados por Integración, es el jardín infantil La Libelulosa y un comedor comunitario que desde mañana será operado por la Cruz Roja. John Álvarez, el operario del comedor hasta el pasado viernes, le dijo a este diario que la articulación de las entidades no existe, al punto que cuando él remitía a alguna persona al Camad, desde allí le decían que no enviara más gente. Desde que asesinaron a Javier Molina (el funcionario que servía de enlace entre los habitantes de calle y la institucionalidad), el pasado 28 de septiembre, Álvarez anda con guardaespaldas. En el año que lleva prestando el servicio, ha tenido que huir tres veces y su establecimiento ha sido quemado y saqueado.

El panorama de seguridad no es el mejor para la intervención. Dos meses después del operativo de aseo, en abril de 2013, la Policía Metropolitana presentó al presidente Juan Manuel Santos los resultados de su trabajo en el desmantelamiento de las mafias. Con por lo menos 30 capturas y la estampida de jíbaros en cerca de dos años, la Policía logró reducir los cinco ‘ganchos’ (estructuras de microtráfico) que ocupaban el mercado de drogas en el Bronx. Sin embargo, como el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo reconoció en diálogo con este diario, “mientras haya demanda, habrá oferta. El único ‘gancho’ que no resurgió fue el de Homero (en el Bronx dicen que se trasladó al barrio Santa Fe), que era el más grande. Hoy, los otros cuatro siguen operando en la zona”. En otras palabras, los habitantes de calle siguen expuestos a las mafias.

El alcalde ha dado la orden de redoblar esfuerzos para volver una realidad la Ciudadela del Cuidado. Por eso, Jorge Rojas, secretario de Integración, ante las dificultades de conseguir y readecuar los edificios de la DNE, tiene la misión de montar de manera provisional un albergue a pocas cuadras del Bronx. Sin embargo, los planes son más ambiciosos. Este diario conoció que la determinación de la administración se sustenta en una investigación que el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc) realizó durante el ultimo semestre. Un trabajo que le daría el impulso a la apuesta más polémica de la Bogotá Humana para mitigar el riesgo y el daño producido por el bazuco y la criminalidad asociada a esa sustancia: el suministro controlado de marihuana.

Según le contaron fuentes de la administración a El Espectador, el trabajo consistió en una encuesta a 500 habitantes de calle consumidores de bazuco (en Bogotá, según cálculos de gobierno, hay 9.600 personas que cumplen con ambas características). De ellos, el 77% afirmó que han consumido marihuana para mitigar los efectos del bazuco y el 82% ha usado la hierba para inducir el sueño y el apetito. Además, el 20% de los dependientes al bazuco se considera agresivo por su consumo y el 23% admite que delinque bajo sus efectos. No obstante, el 19% no cree que la marihuana sirva para reducir el síndrome de abstinencia y la ansiedad generadas por el bazuco.

Con estos datos, la administración está dispuesta a dar un segundo paso. Mediante un convenio por firmar con la Universidad Nacional, el Distrito quiere que se importen cepas de marihuana que han sido utilizadas en Holanda y España para tratar los mismos efectos de sustancias como el crack, que tiene componentes muy similares a los del bazuco. La operación se haría bajo una especie de “transferencia de conocimiento”, pues, legalmente, el Estado no está facultado para cultivar o vender cannabis. Una vez la marihuana llegue a Colombia, la universidad haría una investigación científica y clínica igual a las que se hacen sobre medicamentos legales, la cual, previa autorización del Invima, validaría el suministro controlado. Un proceso que podría tardar más de un año.

“Esperamos que para ese momento ya esté reglamentado el artículo 49 de la Constitución (modificado en 2009), que es el que nos permite usar el cannabis con fines terapéuticos. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, pero también les mandamos un mensaje al Gobierno y a las Farc, ya que están conversando sobre drogas: miremos al mundo. No podemos quedarnos con leyes de prohibicionismo. Europa, Estados Unidos y América Latina están regulando el consumo de la marihuana y avanzando en su uso medicinal”, dice Jaramillo. Para llegar a ese punto, cuenta el secretario, el Distrito va a acelerar la adecuación de la Ciudadela del Cuidado y desarrollará un plan para vincular a los habitantes de calle al programa Basura Cero como recicladores, mientras avanzan en la mitigación del riesgo y daño del bazuco a través del cannabis.

En entrevista reciente con este diario, Juan Daniel Gómez, tal vez el científico colombiano que más conoce del tema de las adicciones, manifestó que no cree en que la investigación vaya a producir resultados efectivos. Precisamente en su trabajo académico en Alemania demostró que los mismos efectos, pero esta vez sobre el crack, se pueden lograr con la hoja de coca. No obstante, reconoce que no hay ningún tratamiento que se haya comprobado que sea 100% efectivo y que la investigación es válida. Incluso, en marzo de 2013, cuando este diario reveló que la administración tenía el plan de suministrar marihuana, sectores académicos le pidieron a Petro que se abstuviera de hacerlo sin tener pruebas médicas y científicas.

Seguramente, como lo dice el mismo Ceacsc, no todos los habitantes de calle van a aceptar la ayuda del Estado, ni van a desaparecer las mafias, pues en la medida en que haya demanda habrá oferta y ésta seguirá siendo criminal, ya que se trata de la comercialización de sustancias prohibidas. Pero, si el plan funciona, el Distrito puede quitarles las víctimas a los criminales y evitar que los sigan instrumentalizando para protegerse de la acción del Estado. Sin embargo, el tiempo corre en contra de la administración, pues hay un plan de renovación urbana que podría generar una diáspora de consumidores hacia otras zonas, un fenómeno que ya está ocurriendo por cuenta de la acción de la Alcaldía. En otras palabras, más vale que la garantía de derechos llegue antes de que en Bogotá pululen los dramas y las violencias del Bronx.

Testimonio de una víctima de las mafias

“En la madrugada del 20 de febrero, cinco hombres armados me amenazaron. Me dijeron: ‘le damos 15 días a la Policía para que se vaya, vamos a poner 30 muertos y el primero va a ser usted’. A los 15 días, una persona que había consumido drogas conmigo en el Cartucho me llamó y me dijo: ‘hubo una reunión anoche, lo van a tumbar. Cuídese’.

Entonces me fui. La administración me sacó a un hotel en el centro. Duré más de un mes, hasta que me ubicaron y me volvieron a amenazar. Salí de la ciudad por un mes y medio. Cuando volví, mataron a Javier Molina. A mí me iban a matar ese día y decidí separarme de mi familia por seguridad. Una moto se quedó siguiéndome a todas partes”, cuenta John Jairo Álvarez, el responsable del comedor del Bronx hasta el pasado viernes.

La discusión con el gobierno de Juan Manuel Santos

Para que el Distrito pueda suministrar marihuana a consumidores de bazuco debe contar con el aval del Gobierno. No sólo porque necesita su apoyo para que en el Congreso se impulse la reglamentación del artículo 49, sino también por las implicaciones que un programa como ‘Bazuco cero’ tendría en la lucha contra las drogas que se libra a nivel nacional.

El debate no será fácil, pues el mismo Santos ha dicho que no liderará ni planteará el debate sobre la legalización o regulación de las drogas. No obstante, en una reciente entrevista para el diario inglés ‘The Guardian’, el presidente dijo: “Si quitar la violencia que llega con el tráfico de drogas significa la legalización, y el mundo piensa que esa es la solución, le daré la bienvenida”. 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Por Camilo Segura Álvarez

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