Dentro del paquete de medidas para mejorar la seguridad, el gobierno anunció ayer su intención de legalizar la comercialización de marihuana, aunque el vocero, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, adelantó que el Poder Ejecutivo se opone a legalizar el autocultivo de esta planta. Esta opción venía siendo impulsada por un proyecto de ley del diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Sabini, apoyado por el diputado colorado Fernando Amado y el independiente Daniel Radío, que iba a comenzar a discutirse el 5 de julio en la Comisión Especial de Drogas y Adicciones con fines legislativos.

“Hemos tenido en cuenta las relaciones internacionales y con nuestros vecinos para dar un paso de esta naturaleza”, a efectos de “no afectar países vecinos ni ser acusados de ser un centro de fabricación y distribución internacional de drogas”, consideró Fernández Huidobro, quien dijo que en el gabinete “discrepamos, pero estamos dispuestos a discutirlo, con el autocultivo”, al menos “hasta tanto a nivel internacional el consumo de esta droga sea legalizado”. “Por eso, nos inclinamos más al control estricto del Estado de la distribución y producción de esta droga”, agregó.

Fernández Huidobro dio algunos datos acerca del consumo de marihuana en Uruguay. Dijo que es la cuarta droga más consumida, que aproximadamente 300.000 uruguayos la han probado, que 45% de los jóvenes la han consumido y que el negocio de esta sustancia, sin tener en cuenta traslados a otros países y servicios de lavado de dinero, alcanza los 75 millones de dólares anuales. Tras la conferencia afirmó que la tarea del Estado en el comercio de la sustancia seguramente sea sólo como regulador y controlador del comercio, en tanto que sería cultivada por agricultores y productores. “El cannabis, además, tiene un gran aprovechamiento para materia prima, como celulosa y fibra textil”, destacó, a la vez que enfatizó la necesidad de que no salga “ni un gramo de marihuana uruguaya” a los demás países de la región.

La propuesta generó diferentes reacciones entre quienes apoyan el proyecto de Sabini. La presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, Laura Blanco, saludó la propuesta del gobierno y dijo que se trata de una medida “aplicable”, si bien consideró que puede haber dificultades en su implementación. Según entendió, el anuncio “no descarta” otras medidas. Además, consideró que “se ajusta a nuestro interés de separación” del mercado de la marihuana de las demás drogas, lo cual evitaría que los actuales consumidores de cannabis tengan que comerciar con narcotraficantes.

El socialista Nicolás Núñez, uno de los principales actores en la elaboración del proyecto de Sabini, dijo que la Juventud del Partido Socialista (JSU) tiene un “compromiso programático desde la campaña” que tiene que ver con el autocultivo, ya que es la forma “más conveniente para regular el acceso a la sustancia”. “Vamos a esperar la propuesta concreta, porque Fernández Huidobro no dio todavía muchos detalles, y ahí veremos si es complementario con lo que planteamos, pero no estoy de acuerdo con legalizar la venta y la producción si no se habilita el autocultivo”, comentó el representante. Según el diputado suplente, el principal reclamo de la JSU y de varias organizaciones sociales es el autocultivo, incluso hay varios militantes indignados porque se haya “instalado el tema de la venta y no el del autocultivo”. Núñez también alertó que sería incorrecto creer que “por legalizar la marihuana se va a acabar con la pasta base”, aunque destacó las ventajas de la división de los mercados de estas drogas. Por último, advirtió que si el gobierno establece una forma legal “muy exigente” para acceder a la sustancia, los consumidores van a seguir “buscando el narcotráfico”.

El colorado Fernando Amado dijo que “el gobierno rechazó de plano el autocultivo y va a otro mecanismo que no quedó claro”. Al diputado le “chocó” que se haya incluido este tema dentro de un paquete de medidas de seguridad. “Entiendo que debe ser parte de un conjunto de derechos coartados por falta de legislación adecuada, pero no debe formar parte de la agenda de seguridad, sino de la de derechos civiles”, consideró, aunque evitó hacer más comentarios. Daniel Radío dijo que “ningún consumidor de pasta base va a empezar a fumar marihuana”. A su entender es fundamental que el gobierno sepa si quiere resolver un tema de “salud pública, seguridad pública, derechos humanos u opinión pública”.