• Colombia

    Panorama de las leyes, tendencias legislativas, y políticas de drogas en Colombia

    MapaColombiaColombia se encuentra inmerso en un proceso de paz con las guerrillas que incluye el tema de las drogas en sus diferentes fases de producción, tráfico y consumo. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha jugado un rol prominente en la arena internacional como promotor del cambio de la actual política de drogas. Pero a nivel nacional, aún está pendiente una modernización de la ley de drogas vigente que data de 1986. Esta página muestra lo que ha sucedido en estas materias en los últimos años.

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  • "El Gobierno no va a solucionar el problema de los cultivos ilícitos a punta de erradicación"

    La masacre de Tumaco marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico
    Semana (Colombia)
    Jueves, 12 de octubre, 2017

    Los virajes que ha dado la política de drogas en Colombia nada que empiezan a arrojar resultados. Las alarmas permanecen encendidas por el incremento de los cultivos ilícitos, que rondan las 150.000 hectáreas sembradas. Los esfuerzos del Estado se han quedado cortos para frenar un negocio que se da en medio de un complejo panorama: la presión de Estados Unidos por resultados y la delicada situación en la que están sumidos miles de campesinos. La estabilidad del proceso de paz, tal y como lo ha planteado Dejusticia, en el libro Coca, instituciones y desarrollo, también depende de que el Estado deje de perseguir penalmente al campesinado cocalero. (Véase también: A detener la criminalización del campesinado cocalero)

  • El uso de la cárcel se salió de proporción

    Si la idea era controlar la producción, transporte y uso de drogas a partir de la mano dura, se terminó criminalizando a los más vulnerables y marginados
    El Espectador (Colombia)
    Miércoles, 19 de julio, 2017

    Las estrategias antinarcóticos aprovecharon la selectividad del derecho penal para convertir la política de drogas en una guerra contra los más débiles: contra aquellos que desempeñan tareas logísticas en el negocio del narcotráfico (como las personas que sirven de correos humanos o expendedores minoristas), que son fichas reemplazables y reciben baja remuneración. La pregunta que surge es: ¿por qué persistir en una política que causa el encarcelamiento masivo de personas, que afecta particularmente a quienes tienen experiencias de vida marcadas por la marginalidad educativa o laboral y que ha causado daños irreparables a mujeres, hombres y jóvenes?

  • Las cárceles están llenas de jíbaros, no de narcotraficantes

    Fueron capturadas nueve personas cada hora u 80.000 personas por año
    El Espectador (Colombia)
    Jueves, 13 de julio, 2017

    La más reciente investigación sobre el impacto de la política de drogas en el sistema carcelario en Colombia, titulado Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia de Dejusticia y el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEED), demuestra que la lucha antidrogas sólo envía a la cárcel a las personas menos estudiadas, más pobres y que han cometido los delitos menos graves. Hay una relación directa entre la persecución penal por delitos de drogas y los alarmantes índices de hacinamiento en todo el país, un hecho que se ha convertido además en una amenaza directa al respeto de los derechos fundamentales de los presos en el país.

  • La nueva ruta de la marihuana medicinal

    Gobierno expidió el decreto clave que dinamiza el mercado de la cannabis. Pequeños cultivadores se benefician. Cinco empresas con licencia
    El Espectador (Colombia)
    Sábado, 8 de abril, 2017

    Luego de una controversia de más de tres décadas, la aprobación de una ley el año pasado, la expectativa de una industria naciente y los anhelos de miles de enfermos, el Ministerio de Salud y Protección Social acaba de expedir un decreto trascendental que se convierte en la carta de navegación y reglamenta las actividades de cultivo, comercialización y uso de semillas de la planta de cannabis para fines médicos y científicos en Colombia. Una norma que además registra las condiciones para que los pequeños cultivadores puedan competir en el mercado y que los hace partícipes del desarrollo alternativo del posconflicto. (Véase también: Autocultivos de marihuana para uso personal no necesitarán licencia)

  • La coca, el Estado y la tierra

    La nuez del problema agrario permanece intacta: el acceso a la tierra y el control de este activo en poder de una minoría de propietarios
    El Espectador (Colombia)
    Martes, 28 de marzo, 2017

    En el departamento del Guaviare, la disidencia de las Farc, autodenominada “Armando Ríos” del Frente 1, cuestiona el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que adelanta el Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo de Paz, e invita a los campesinos a no firmar pactos mientras no se realice amplia y detallada socialización de los compromisos que sobre ellos deberán asumir los labriegos de la coca. Esta situación ha generado muchas inquietudes no solo respecto a la política oficial, sino al frenesí de andar por todo el país buscando firmas de campesinos.

  • Declaración conjunta

    Sobre la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios con cultivos de coca, amapola y marihuana en Colombia
    Dejusticia (Colombia), Transnational Institute, Washington Office on Latin America & OCDI-INDEPAZ
    Lunes, 13 de marzo, 2017

    Hace un año, en la sesión 59ª de la CND, el gobierno de Colombia instó a la comunidad internacional a debatir abiertamente los resultados obtenidos en 50 años de guerra contra las drogas (en el marco de la discusión sobre la UNGASS). En medio de este discurso se resaltaba la necesidad de mejorar el entendimiento y la atención a los factores sociales y económicos que subyacen al cultivo de coca, cannabis y/o amapola, de manera que las metas de reducción de cultivos no se tomaran al margen de estas consideraciones estructurales.

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    Las organizaciones firmantes instan al Gobierno colombiano y a las FARC-EP a respetar a las poblaciones inmersas en el ámbito de la producción, a atender sus preocupaciones y a construir desde un espíritu de confianza y concertación.

  • La coca, de nuevo

    Editorial
    El Espectador (Colombia)
    Lunes, 6 de marzo, 2017

    Colombia sigue siendo el rey en los reportes sobre la cantidad de cultivos de hoja de coca y, como es común, eso sirve de combustible para que salgan las mismas propuestas represivas y dañinas de siempre, ante un problema que, hoy más que nunca, exige creatividad por parte del Gobierno y de todos los estados del mundo. Volver a los planes de antes, como la fumigación aérea, no sólo no va a servir para derrotar por completo el narcotráfico, sino que va a perpetuar en Colombia la violación de derechos humanos. (Véase también: La coca se dispara | “No veo la estrategia para enfrentar los cultivos de coca”)

  • La amenaza del narcoparamilitarismo

    En 2016 fueron identificadas 13 estructuras ilegales que hacen presencia en 351 municipios de 31 departamentos del país. Surgen nuevos grupos
    El Espectador (Colombia)
    Lunes, 13 de febrero, 2017

    Grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico y estructuras paramilitares viene creciendo en el país con un impulso especial en las zonas que antes eran de dominio de las Farc y en las que ahora hay vacío de poder. Y las cifras preocupan. De acuerdo con el informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares que será revelado esta semana por la unidad investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2016 se registró la presencia de este tipo de organizaciones en 351 municipios de 31 departamentos del país, siendo Antioquia el más afectado, con 76 municipios. (Véase también: Líderes sociales asesinados: ni uno más | Tensión en las montañas de Briceño)

  • Cultivos de uso ilícito y pos acuerdos de paz en Colombia

    Del discurso a una realidad desafiante
    Ricardo Vargas
    Jueves, 9 de febrero, 2017

    Luego de diversos intentos fallidos del alto gobierno en la elaboración de una política pública sobre las drogas en Colombia y en particular en el manejo de los cultivos de uso ilícito, los acuerdos de La Habana se situaron hacia finales de 2016 como la única carta de navegación principalmente para el tema de la sustitución de los cultivos. No obstante, la institucionalidad gubernamental continúa siendo precaria de cara a las grandes complejidades y exigencias que plantea la implementación de los acuerdos y de modo particular el punto 4.

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